Las personas migrantes aportan el 10% de los ingresos a la Seguridad Social pero enfrentan discriminación y delitos de odio
En el Día Internacional del Migrante, USO exige que la migración sea abordada como un fenómeno integral y multidimensional, no solo regularizar sino garantizar el acceso pleno a derechos de toda la población migrante. Las personas migrantes no pueden, ni deben, calificarse como de primera o de segunda clase, pues todas merecen un trato igualitario y se les debe asegurar el derecho a desarrollar un proyecto de vida digno.
Es necesario seguir trabajando en la plena inclusión de las personas migrantes y combatir la xenofobia y la discriminación que aún existe en nuestro país. La necesidad presente y futura de personas trabajadoras no debe ser el motor de las políticas migratorias, ni de la recepción y acogida de la población autóctona, debemos cambiar el paradigma y crear un verdadero esquema de apertura y diversidad, en donde todas las personas seamos valoradas de igual forma y el origen o las características físicas o culturales solo sean un aspecto que nos enriquezca socialmente.
Personas migrantes en España
Las personas migrantes tienen un gran peso en la estructura social y económica del país, y a la vez, enfrentan desafíos en el desarrollo de su proyecto de vida. El Informe sobre la realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas, elaborado por el Consejo Económico y Social, ilustra en términos generales la situación de las personas migrantes en España.
La inmigración en España contribuye al crecimiento demográfico y a la sostenibilidad económica del país, constituyendo una quinta parte de la población en edades activas. En 2025, hay más de 7,3 millones de personas nacidas en el extranjero que viven en España. Más de la mitad, son mujeres, situación que les impone un esquema de discriminación múltiple, debido a su sexo y a su origen. Es por ello, que resulta fundamental incorporar la perspectiva de género en las políticas migratorias y de empleo de forma transversal, para así garantizar una plena inclusión social y laboral. En este mismo sentido, la integración plena de las segundas generaciones debe ser también una prioridad, pues a día de hoy, se observa recurrentemente un trato diferenciado debido al origen de estas infancias y juventudes.
Migración y empleo
Más de 3,1 millones de personas extranjeras cotizan a la Seguridad Social. En Galicia, la afiliación extranjera supone un 7,1% de la afiliación total; Asturias ha alcanzado el 7,4% y, en Castilla y León, al 10,4%, comunidades que constituyen especiales focos de interés debido al envejecimiento de la población. En ellas, la población migrante funciona como motor, tanto en lo social como en lo en lo económico.
Por otro lado, España experimenta una disminución generalizada de población autóctona, por lo que, en el corto, mediano y largo plazo, precisará cada vez más de población migrante para poder sostener el nivel productivo. Se estima que se requerirán aproximadamente 2,4 millones de empleos y serán en su mayoría personas extranjeras quienes ocupen esos puestos de trabajo.
Las personas migrantes aportan el 10% de los ingresos a la Seguridad Social y representan solamente el 1% del gasto público. El 83,9% de las personas afiliadas extranjeras lo están en el Régimen General de la Seguridad Social y el empleo por cuenta propia de personas extranjeras lha llegado a su máximo histórico (494.246 personas).
La población migrante, objetivo de delitos de odio
En 2025, se han identificado más de 600.000 publicaciones en redes sociales con contenidos racistas y xenófobos. Además, de acuerdo con el informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024, del Ministerio del interior, los delitos de odio por racismo y xenofobia, son los más numerosos, con 804 hechos.
























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